El 11 de enero, en una noche de parranda para celebrar el cumpleaños de Andrés Alfonso Zuleta, hijo del cantante Poncho Zuleta, con varios miembros del hampa del Cesar y La Guajira, como Paul Corrales Figueroa —sobrino y sucesor de Marquitos Figueroa—, surgió la propuesta de atentar contra el periodista Gonzalo Guillén, uno de sus enemigos más fuertes.

Precisamente, las víctimas que se sienten amenazadas por la banda comandada por Maquitos Figueroa y Kiko Gómez, están cuestionando la negligencia de los organismos de justicia en el Cesar y la Guajira, porque al parecer, desde sus lugares de reclusión ellos imparten órdenes y tienen cierto poder en los sectores público y privado.

Mediante la operación Zafiro, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, detuvo a seis delicuentes en La Guajira, Cesar, Atlántico y Magdalena. Sin embargo, por orden de los jueces, a tres de ellos les revocaron la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía, alegando que no representan un peligro para la sociedad.

Los hermanos Daimer Paul y Felipe “pipe” Corrales Figueroa, sobrinos y personas de confianza del Marquito Figueroa, están libres con otros del clan. A pesar de que la Fiscalía tiene pruebas para condenarlos por delitos no excarcelables como homicidio agravado, les revocaron esas medidas, sin los soportes legales.

Haberlos dejado en libertad ha puesto en peligro a víctimas y a testigos que han denunciado el historial delictivo del Clan Marquito Figueroa y de Juan Francisco "Kiko" Gómez, quien cumple una condena de 55 años en la cárcel La Picota en Bogotá.

En sus declaraciones, testigos protegidos, exmiembros de la organización criminal y familiares de víctimas aportaron pruebas que involucran a fiscales, jueces, detectives y funcionarios de la costa y Bogotá, que están al servicio del temible clan. Según la fuente: "están comprando a la justicia para que también salga el jefe".

Este allegado al clan Figueroa informó a la Nueva Prensa que, al parecer, el juez que lleva el proceso recibió dinero de Ovidio Mejía, exdiputado de La Guajira y exalcalde de Maicao. Y uno de los movimientos en la rama judicial lo estaría orquestando Carmen Dalis Argote Solano, magistrada del Tribunal Administrativo de Riohacha, quien se desempeñó como jueza en Valledupar y es esposa de Ángel García Peñaranda, primo y testaferro de Marquitos Figueroa. La Fiscalía tiene conocimiento de que altos funcionarios del Cesar y La Guajira están vinculados o colaboran con esta organización, "pero mientras haya plata, esos procesos nunca prosperaran", agregó la fuente.

Se espera que la Fiscalía General de Nación traslade los procesos a la capital del país.