Por qué el presidente Juan Manuel Santos tiene tanta prisa en extraditar a los Estados Unidos al ex fiscal GUSTAVO MORENO? ¿Por qué no permite que termine el proceso de colaboración con la Fiscalía General de la Nación y cuente toda la verdad, señalando la totalidad de las personas comprometidas en uno de los peores casos de corrupción en la justicia colombiana? ¿A quiénes busca proteger el presidente silenciando a MORENO? ¿Teme que pueda resultar salpicado su candidato a la presidencia de la república?

La respuesta a cada uno de estos interrogantes nos lleva necesariamente a plantear que el presidente Santos, al igual que Uribe en su momento, hará uso de la extradición para impedir que los colombianos conozcamos la verdad. Una vez más el instrumento de colaboración con los Estados Unidos para combatir el delito trasnacional se convertirá en una herramienta al servicio del poder político para entorpecer el esclarecimiento de hechos que han causado enorme daño a nuestras instituciones.

Cuando los paramilitares anunciaron que contarían toda la verdad sobre la alianza perversa que pactaron con el Estado, el presidente Uribe los envió inmediatamente a los Estados Unidos para que fueran juzgados por delitos menores a los que habían cometido en Colombia. El objetivo era silenciarlos y evitar que salieran a la luz los vínculos que tuvo con estas siniestras organizaciones desde cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia y luego como presidente de la república.

La estrategia resultó exitosa. Los jefes paramilitares fueron confinados en las cárceles gringas y el país tuvo que resignarse a conocer la verdad a cuenta gotas.

Ahora, Juan Manuel Santos, quien fuera el discípulo predilecto de Uribe y también su Brutus, aquel de quien es su momento dijo “es el que es”, copia la impecable maniobra de su maestro y ordena que MORENO sea enviado rápidamente a los Estados Unidos para que responda por una conspiración que en últimas tuvo sus efectos en Colombia y el caso de corrupción en la Corte Suprema quedé en el congelador. MORENO tendrá que dedicar el tiempo a preparar su defensa en las Cortes gringas y olvidarse de la colaboración eficaz con la justicia colombiana para desenmascarar a los integrantes del infame “Cartel de la Toga” y a los políticos que se beneficiaron de las torcidas decisiones judiciales.

La justicia aún no ha aclarado el papel que jugó el abogado boyacense Gerardo Torres, conocido como ‘Yayo’, en el ‘Cartel de la Toga’. De acuerdo con el diario EL TIEMPO “YAYO aparece llevando procesos clave con el corrupto exfiscal Gustavo Moreno y fue pareja de Mabel Parra, la exmagistrada auxiliar de Leonidas Bustos que acaba de ser retirada de la Fiscalía. Además, sabe las intimidades de al menos uno de los desplazamientos al exterior de Moreno, Bustos y de la esposa de este último, Martha Cristina Pineda.”

Tampoco se ha logrado establecer si es verdad que YAYO uso la influencia  del “Cartel de la Toga” en el proceso que se le seguía en la Corte a Germán Vargas Lleras.

No sabemos qué pasó con el ex fiscal delegado ante la Corte Alfredo Bettin de quien se dice hacia parte de la estructura criminal con el encargo de engavetar las investigaciones en contra de ciertos aforados.

Como si fuera poco se sabe que el magistrado GUSTAVO MALO, insigne miembro del “Cartel de la Toga”, tenía congeladas en su despacho varias investigaciones contra el ex presidente URIBE.

En estos momentos la extradición de GUSTAVO MORENO le conviene solamente a sus socios y “clientes” y a los aliados de SANTOS. Una vez más, será burlada la justicia colombiana y pisoteado el derecho que tenemos de saber la verdad y exigir castigo a quienes mancillaron la administración de justicia al punto de convertirla en objeto de burla y desprecio.

El daño ocasionado a la credibilidad de la justicia y por lo tanto a la democracia colombiana debería ser razón suficiente para que el presidente de la república aplace la ex-tradición de MORENO y brinde todo el apoyo para que salgan adelante las investigaciones derivadas del proceso de colaboración entre este personaje y la fiscalía, sin embargo, todo parece indicar que una vez más la corrupción es elevada a la categoría de razón de estado para que los corruptos puedan gozar de eterna impunidad.