Diciembre 13, 2018
Mayo 10, 2018

Presidente de la Corte Suprema de Justicia investiga a Álvaro Uribe Vélez por “concierto para delinquir, homicidio y otros

Por GONZALO GUILLÉN

El senador Álvaro Uribe Vélez es investigado por la Sala de Instrucción de Aforados de la Corte Suprema de Justicia –CSJ– “por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y otros”, reveló a este periodista una fuente de la Fiscalía General de la Nación.

La investigación es dirigida personalmente por el Presidente de la CSJ, magistrado José Luis Barceló Camacho, de acuerdo con documentación oficial firmada por él que reposa en manos de La Nueva Prensa.

La investigación contra Uribe Vélez involucra a varios abogados suyos de los que la CSJ posee filmaciones y otro tipo de evidencias documentales en las que aparecen amenazando y tratando de sobornar a testigos.

En un auto del pasado 9 de abril enviado a la Fiscalía General mediante oficio número 13141, el magistrado Barceló Camacho reclama especial protección para Guillermo Monsalve Pineda, testigo de cargo contra Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago y otros.

Un oficio del magistrado Barceló Camacho a la Unidad de Protección de Testigos de la Fiscalía dice que Monsalve Pineda “se encuentra privado de la libertad en la cárcel Picota y desde que se dio a conocer su nombre, en 2011, como testigo de excepción de alguno de los hechos delictivos que le atribuyen a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, ha sufrido dos atentados contra su vida, uno en la cárcel de Cómbita y otro en la cárcel Modelo”.

Dos abogados penalistas de postín –uno de ellos reconocido apoderado de Uribe Vélez– y cuyas identidades conoció La Nueva Prensa, pero deben ser mantenidas en reserva, han visitado a Monsalve en La Picota y tratado de forzarlo a cambiar su testimonio mediante amenazas de muerte a su familia. También, le han prometido utilizar una presunta amistad estrecha con el Fiscal General de la Nación para darle libertad tres meses después de que acceda a sus pedidos ilícitos, los cuales han sido rechazados por el testigo.

Tras la visita a Monsalve de los delegados de Uribe Vélez, el magistrado Barceló Camacho reclamó oficialmente a la dirección de la Picota copias de los videos que captaron el ingreso de los abogados, pero habían desaparecido. No obstante, hizo el mismo pedido a la sede central del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia –INPEC– y consiguió copias auténticas de respaldo que fueron incorporadas al acervo probatorio del expediente.

Las exigencias hechas por los abogados a Monsalve Pineda buscan que se retracte, pero también a que le pida perdón públicamente a Álvaro Uribe Vélez, a quien se refieren como “el señor presidente Uribe” y en cuyo nombre, dicen ellos, asisten a visitarlo.

“Él [Pineda Monsalve] ha recibido visitas de un abogado a nombre del doctor Uribe, con el fin de que se retracte de sus manifestaciones”, reitera el presidente de la CSJ.

“También, ha ido a verlo, con el mismo propósito coercitivo, un congresista del Huila, de apellido Prada, y sus pedidos ilícitos a Monsalve Pineda están filmados de manera legal”, reveló la fuente consultada de la Fiscalía General de la Nación.

Dentro del concierto para delinquir que instruye Barceló Camacho, la CSJ ha establecido que otros dos testigos (Gabriel Muñoz Ramírez y Ramiro de Jesús Henao Aguilar) fueron forzados a dar declaraciones contrarias a la verdad y en beneficio específico de Álvaro Uribe Vélez. Estas manifestaciones contrarias fueron conseguidas por el abogado Wilser Molina Molina, ex alcalde de Amagá, Antioquia, y existen en su contra grabaciones legítimamente obtenidas, en las que recibe instrucciones de Álvaro Uribe Vélez sobre la necesidad de recaudar falsos testimonios en su favor.

Muñoz Ramírez es un ex paramilitar acusado de 500 homicidios, fue miembro de la Policía Nacional y militó en el Bloque Metro, cuya fundación tuvo lugar en la finca Guacharacas, de los Uribe Vélez.

Henao Aguilar, por su parte, comandó el frente paramilitar Batalla de Santuario, del Bloque Metro, que operó en el oriente de Antioquia.

Los homicidios más antiguos que se le atribuyen a Álvaro Uribe Vélez en la investigación de la CSJ (expediente UI-38451) ocurrieron “en predios de la hacienda Guacharacas, predio de la familia Uribe Vélez”, escribió Barceló Camacho.

El recluso Monsalve Pineda, estableció el magistrado, “fue testigo y participó de varios de los homicidios cometidos entre 1996 y 1997 en los municipios de San Roque, Santo Domingo y otros”.

Y agrega que posee material probatorio acerca de “la conformación de un grupo armado ilegal, en cuyo auspicio participaron Álvaro y Santiago Uribe Vélez, Alberto y Juan Guillermo Villegas y Santiago Gallón Henao”.

En el pedido de protección especial de la CSJ para Monsalve, se lee:

“Importa precisar que la sola expectativa de que Juan Guillermo Monsalve reitere ante una autoridad judicial los señalamientos que ya ha hecho en contra de los señores Álvaro y Santiago Uribe Vélez, no solo en cuanto a su participación del Bloque Metro de las autodefensas, la orden de algunos homicidios y la intervención del primero a través de Juan Guillermo Villegas Uribe para presionar a miembros de su familia como su padre y su hermano para rendir declaraciones que lo desmientan, han sido suficientes para evidenciar riesgo serio e inminente contra su vida y la de su esposa, fundamentalmente en estos momentos”.

La esposa de Monsalve Pineda, Deyanira Gómez Sarmiento, la semana pasada fue interceptada en Bogotá por sicarios armados cuando se dirigía a declarar en la Corte Suprema de Justicia a bordo de un carro blindado y acompañada de dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección, que Barceló Camacho ordenó asignarle.

Ella, “ha comparecido como testigo y ha aportado y colaborado en la obtención de información relevante, incluso con riesgo para su seguridad personal, situación que ameritó por parte de esta Corporación la solicitud de medidas cautelares de protección a la Unidad Nacional de Protección, de las cuales goza en la actualidad”, certificó Barceló Camacho.

Respecto de Monsalve Pineda, “ha comparecido como testigo y ha aportado información relevante, la cual se ha verificado con resultados positivos para el desarrollo de la pesquisa”, certificó el magistrado.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, hizo un llamado para reforzar la seguridad y preservar la vida de Monsalve Pineda, su esposa y Pablo Hernán Sierra, otro paramilitar convicto y testigo de cargo contra los Uribe Vélez, seriamente amenazado de muerte.

La primera orden especial de Barceló Camacho para proteger a Monsalve cobijó de la misma manera al testigo paramilitar Carlos Enrique Areiza, quien, sin embargo, fue asesinado en abril pasado en el municipio antioqueño de Bello. Había salido de la cárcel en libertad condicional.

“La Sala Penal de la Corte Suprema de Colombia ha demostrado una notable valentía al iniciar esta investigación sobre Uribe”, declaró Vivanco, y agregó: “Pero tal vez nunca se descubra la verdad si las autoridades penitenciarias, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección no garantizan la máxima protección a los testigos y sus familiares”.

Otro testigo contra los Uribe Vélez, José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania– igualmente fue puesto en libertad condicional, viajó a Medellín y la semana pasada varios sicarios provistos de armas de guerra intentaron asesinarlo, pero logró huir y su paradero se desconoce.

Francisco Villalba, un testigo más de la participación de los Uribe Vélez en la creación y dirección de grupos paramilitares, cayó asesinado en 2009 mediante el mismo patrón delincuencial: fue puesto en libertad condicional y eliminado por sicarios días más tarde. Había declarado contra Uribe Vélez y advertido que este lo asesinaría, lo que, en efecto, ocurrió.